Impugnación de acuerdos sociales: Plazos y legitimación

Impugnación de acuerdos sociales: Plazos y legitimación

Hablamos de impugnación de acuerdos sociales para referirnos al proceso judicial por el que, a instancias de un legitimado, se cuestiona la viabilidad jurídica de las decisiones adoptadas por el órgano soberano de una sociedad (es decir, la Junta de Socios o el Consejo de Administración).

Se entiende, además según el Real Decreto Legislativo  que se impugna dicho acuerdo para defender el interés social 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, por considerarlos contrarios a la ley o los Estatutos.

No debemos perder de vista la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, con entrada en vigor el 24 de diciembre de 2014, introduce novedades de calado en la materia, unificando todos los casos de impugnación bajo un régimen general de anulación para el que se prevé un plazo de caducidad de un año (tres meses en el caso de sociedades cotizadas), con la única excepción de los acuerdos contrarios al orden público, que se reputan imprescriptibles. Se trata por lo tanto de un procedimiento que surge en el ámbito societario.

Plazos

Una de las modificaciones de la vigente ley que mencionamos es la eliminación de la diferencia entre acuerdos nulos y anulables y la unificación del plazo para impugnar los acuerdos sociales. Así, la caducidad de la acción de impugnación viene determinada por el artículo 205 de la LSC, que fija el plazo general en un año, salvo que se trate de acuerdo contrarios al orden público (en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá)

Comienza a contar dicho plazo desde la adopción del acuerdo en Junta de Socios o reunión de Consejo de Administración, y en concreto, desde la fecha de recepción de la copia del acta adoptada – si el acuerdo se hubiera realizado por escrito. En realidad, la jurisprudencia suele considerar la fecha de adopción de un acuerdo desde el momento que se obtiene el resultado favorable en una votación.

Tratándose de acuerdos adoptados por el consejo de administración, el art. 251 LSC establece un plazo de 30 días cuando la impugnación se plantee por los administradores extendiendo el plazo hasta un máximo de un año cuando sea impugnado por los socios debido a las dificultades de probar el momento en que estos tuvieron conocimiento de esos acuerdos, pues el plazo es de treinta días  desde entonces.

Legitimación

La LSC distingue entre legitimación activa y pasiva.

Para la activa, el texto establece los siguientes legitimados en su artículo 206:

  • Cualquiera de los administradores
  • Cualquier tercero que acredite un interés legítimo 
  • Cualquier socio que hubiera adquirido su condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que represente al menos el 1% del capital

Este 1% del capital o el interés legítimo no serán necesarios para impugnar acuerdos contrarios al orden público.

En el apartado 5 del artículo 206 de la LSC se dice que no hay legitimación activa, cuando se impugnan acuerdos en base a defectos de forma, y el socio, habiendo tenido ocasión de denunciarlo en el momento oportuno, no lo ha hecho. Esto pretende evitar que si una persona, ha asistido a la Junta y no ha manifestado allí nada en contrario, no debe impugnar más tarde lo allí aprobado.

Para la legitimación pasiva, el apartado 3 del artículo 206 de la LSC establece que las acciones de impugnación se dirijan contra la sociedad, y en concreto en la persona de su representante legal.

El artículo 206.4 de la LSC permite actuar en el proceso a los accionistas que votaron a favor del acuerdo impugnado, a su costa, para mantener su validez.

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